La política mundial de drogas a debate en la ONU

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Abr 16

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Los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han reunido en Nueva York del 19 al 21 de abril para celebrar la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas . En el marco de las convenciones vigentes en materia de drogas, la UNGASS pretende aprobar un documento de consenso y de sólido compromiso entre los gobiernos que redefina las mejores estrategias para enfrentarse al grave problema de las drogas a nivel internacional.

Según datos de la ONU, 250 millones de personas consumen drogas en el mundo, ocasionando serias consecuencias para la salud y la vida de los individuos y que impactan también negativamente en la paz y la economía de sus comunidades. Se trata de un problema global que persiste y que obliga a todos los gobiernos, ONGs y sociedad civil a tomar cartas en el asunto, cooperando y alcanzando los necesarios acuerdos para buscar estrategias más efectivas.

Después de décadas de la llamada “Guerra contra las drogas”, una serie de políticas centradas en la reducción de la oferta, persiguiendo el narcotráfico y penalizando el consumo de drogas, la propia ONU, gobiernos y ONGs esperan que se pueda pactar una declaración que apueste de forma decidida por priorizar la reducción de la demanda, desplegando a escala internacional programas eficaces de prevención, tratamiento y reinserción social.

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La Asociación Proyecto Hombre, ONG con carácter Consultivo Especial ante Naciones Unidas desde 2007, asistirá a la UNGASS habiendo colaborado y realizado propuestas a los gobiernos en los tres años previos de preparación de esta asamblea a través de las reuniones de la Comisión de Estupefacientes, con sede en Viena. Las principales propuestas y reivindicaciones presentadas son las siguientes:

– Tratamiento accesible y asequible para todas las poblaciones. En el mundo, 4 de cada 5 personas con problemas de drogas no recibe tratamiento. Hace falta insistir a los países para que aseguren tratamientos accesibles y asequibles para todos los afectados, y adaptados a los grupos más vulnerables como son las mujeres con niños, menores en calle, personas sin hogar, encarcelados, minorías étnicas, migrantes y personas con VIH, Hepatitis-C u otras enfermedades. Los tratamientos deben incluir la atención de los problemas con el alcohol (la sustancia más consumida aunque sea mayoritariamente legal) y, para obtener mejores resultados, deberían involucrar a la familia, las escuelas, los medios de comunicación y otros agentes claves de la comunidad.

– Descriminalización de la persona adicta y garantizar los derechos humanos. Las adicciones son una enfermedad compleja y causada por múltiples factores, pero que puede remitir con un tratamiento adecuado. Todavía hoy, se estigmatiza una persona por padecer una adicción. Abogamos por un abordaje integral de la problemática, basado en la salud pública. Una vez más, se debe reiterar la necesidad de eliminar la pena de muerte para los delitos relacionados con el tráfico de drogas (presente todavía en 30 países); promoviendo la proporcionalidad en las medidas punitivas, y al mismo tiempo extendiendo los programas terapéuticos sustitutivos al encarcelamiento, que han demostrado ser mucho más eficaces para la reinserción social. Cualquier persona tiene derecho a tratarse de su adicción en espacios seguros y que preserven su dignidad.

– Alerta ante la proliferación del consumo de cannabis. Es necesario anteponer el riesgo para la salud, con especial atención a los adolescentes y jóvenes, antes de tomar iniciativas orientadas a la regulación, comercialización o legalización de sustancias psicoactivas como el cannabis. Estos cambios legislativos deben sustentarse sobre una sociedad que conoce y es sensible a los graves riesgos que conlleva consumir cannabis o sus derivados sintéticos. Hay que implementar, con carácter universal, planes de prevención de drogas que consigan que los jóvenes desarrollen comportamientos más saludables.

– Mayor dotación de fondos para programas eficaces. Los Estados tienen que respaldar en mayor medida programas de prevención y tratamiento, sobre todo en aquellos países con más problemas de drogas y en vías de desarrollo, y financien actuaciones basadas en la evidencia y que han demostrado buenos resultados a largo plazo. En este sentido, España atesora una larga experiencia de actuaciones exitosas y costo-eficientes, que deben transferirse a otros países, con las adaptaciones socioculturales pertinentes.

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